Los nuevos nichos de la economía sumergida
- La Agencia Tributaria analiza los trabajos en los domicilios, el comercio electrónico y el juego 'on-line'. Otras actividades que se han disparado con la crisis son los hospedajes ilegales y los taxis piratas.
Ser peluquera a domicilio o ir vendiendo cosméticos y joyas de casa en casa se ha convertido en un medio de vida para sobrevivir a la crisis. El declive económico ha recuperado la figura del comercial de productos que llamaba a la puerta de los hogares. Esta actividad, que en muchos casos escapa a los cauces legales, constituye uno de los nichos de fraude fiscal que la Agencia Tributaria analiza, junto con otros en los que el dinero negro campa a sus anchas, como el comercio electrónico o los juegos on-line. La picaresca, además, se acrecienta en tiempos de penuria en sectores como el hotelero -donde el desplome inmobiliario está causando un grave daño a los establecimientos legalizados- y el taxi, actividad en la que la piratería acapara ya el 10% de los vehículos que prestan dicho servicio en la capital hispalense.
Es prácticamente imposible cuantificar la economía sumergida en Sevilla, entre otros motivos, porque el trabajo que desarrolla Hacienda no está organizado por provincias, sino por actividades concretas. El delegado especial de la Agencia Tributaria (AEAT) en Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto García, explica que el fraude fiscal sevillano "no es distinto en su tipología al del resto de Andalucía y España". A este respecto, el delegado especial destaca que los últimos estudios sobre el dinero que no se declara -como el publicado esta semana por Visa Europa- invitan a pensar que España no está por encima de otros países en economía sumergida, lo que rompe un tópico sobre el fraude en España.
Aunque no existen datos que certifiquen que una situación de crisis como la actual suponga un aumento directo de la economía sumergida, lo cierto es que, según el principal responsable de la Agencia Tributaria en Andalucía, durante los últimos años la caída de la recaudación tributaria ha sido mayor que el descenso de la actividad productiva, un desequilibrio que, junto con los cambios normativos en materia de impuestos y los aplazamientos en el pago debido a las dificultades de los contribuyentes, podría en cierta medida deberse al aumento de la defraudación.
La crisis, por contra, es más evidente en la caída del fraude en sectores que hasta hace poco registraban gran actividad, como el inmobiliario, y su fortalecimiento en otros que logran mantenerse a flote, caso del de servicios, de ahí que la intención de la Agencia Tributaria sea "adaptarse a la realidad productiva del país para impedir nuevos nichos de mercado negro". Una de las herramientas que desde este departamento más se está utilizando para la lucha contra la economía sumergida han sido las inspecciones contra los billetes calificados de alta denominación, lo que ha permitido en pocos años a Hacienda liquidar (o denunciar por delito) un importe superior a los 300 millones de euros en toda Andalucía.
A ello se une la reciente normativa -impulsada desde la AEAT- , que desde el pasado otoño prohíbe el uso de dinero en efectivo en las operaciones de más de 2.500 euros en la que participe un profesional o un empresario, que habrán de efectuarlas mediante cheques, transferencias o tarjetas, lo que hace imposible que escapen al control tributario. Desde entonces se han impuesto 400 sanciones en toda la comunidad a quienes han incumplido la citada normativa.
Esta cifra se ha alcanzado gracias en buena medida a la colaboración ciudadana, que ha participado denunciando los pagos en efectivo o comunicando a Hacienda inclumplimientos tributarios, supuestos éstos que se han incrementado en estos años, gracias, quizá, a una mayor conciencia fiscal. Con ello, las actuaciones inspectoras aumentaron el pasado año un 6% con un importe medio liquidado superior a los 121.000 euros en el caso de Andalucía. El incremento más destacado en las comprobaciones gestoras (actuaciones parciales) se registró en el control del impuestos sobre sociedades, con una subida del 45%, porcentaje que fue del 25% en el del IVA.
También se llevaron a cabo más de 3.000 inspecciones en la calle -visitas a establecimientos para verificar su situación-, entre las que destacan los supuestos de entrada y registro con autorización administrativa o judicial para rastrear posibles contabilidades ocultas u otras pruebas que demuestren la irregularidad de una empresa.
Otro dato significativo ha sido el especial impulso que desde Hacienda se ha dado a las inspecciones en las profesiones liberales, donde las actuaciones en 2012 aumentaron un 13%, una cifra que se duplicará respecto a 2009 al final de este año.
Alberto García detalla que "para ello nos centramos en la búsqueda de información aportada por terceros sobre posibles ingresos ocultos de los profesionales que trabajan en el área del derecho, la industria, el ámbito sanitario o la asesoría". Dicho sector es uno de los tradicionales de la economía sumergida, ya que en bastantes ocasiones estos profesionales no entregan a sus clientes la factura por los servicios prestados. Una actividad ilícita que se ha visto reforzada es la del contrabando de tabaco, que ha pasado en pocos años de suponer el 2% de la venta de este producto a superar el 10%. La lucha contra este fraude se desarrolla en todo el ámbito comunitario, de ahí el refuerzo de los controles en las aduanas (pertenecientes a la Agencia Tributaria) y en los establecimientos que no tienen permitida la venta de tabaco, como es el caso de muchos bares en los que su adquisición carece de licencia.
A lo anterior se une una nueva vía que la Agencia Tributaria está comenzando a analizar, y que no es otra que la denominada "economía d", es decir, los trabajos desde el domicilio, lo que atañe a un amplio sector que abarca desde la venta de joyas y productos cosméticos en casas a las peluquerías ilegales.
Este último colectivo se ha visto seriamente agraviado por el aumento del mercado negro. Jesús Rodríguez, presidente de la Federación Andaluza de Peluquerías, explica que una de las causas que ha provocado la proliferación de personas que realizan esta labor y no declaran es el aumento del IVA establecido por el Gobierno el pasado año, por lo que el impuesto pasó del tipo reducido (8%) al máximo (21%), 13 puntos más que han contribuido al cierre de cadenas de peluquerías y grandes salones de belleza -2.800 en toda Andalucía- así como a 6.860 despidos en nueve meses. "Muchos de los que se quedan sin empleo deciden montar por su cuenta una peluquería pequeña en su casa o trabajar a domicilio sin pagar impuestos, lo que ha llevado a que la economía sumergida acapare el 29% de lo que mueve este oficio en la región", apostilla.
La crisis, además de crear nuevos ámbitos de economía sumergida, la aumenta en aquellos ya existentes. Tal es el caso del hospedaje, donde la asociación sevillana de hoteleros ha iniciado una dura lucha contra los establecimientos ilegales que se dedican a alojar a turistas. El gerente de esta entidad, Santiago Padilla, incide en que "el derrumbe inmobiliario ha dejado muchos pisos sin salida en el mercado o con dificultad de pagarlos, por lo que sus propietarios optan por alquilarlos como si fueran hoteles y con precios que los establecimientos legalizados nunca podríamos fijar". Por tal motivo, la mesa constituida contra los alojamientos clandestinos (en la que está presente el Ayuntamiento, la Junta y la propia Agencia Tributaria) ha presentado desde febrero 17 denuncias, la cifra más alta que se recuerda en tres meses. Este periódico ha comprobado que en algunos portales digitales de alquiler se ofertan precios de 20 euros por alojarse una noche en un piso en el centro de Sevilla, todo un reclamo para quienes quieran viajar con el máximo ahorro y una dura competencia para los hoteleros que pagan sus impuestos.
Una de las salidas laborales por la que optan muchos parados es la del taxi. Recientemente, la Unión Sevillana del Taxi lamentaba el aumento de la piratería en el sector. El presidente de esta asociación, Fernando Morales, ha indicado a Diario de Sevilla que el 10% de quienes prestan este servicio en la capital andaluza carecen de licencia, no cuentan con cobertura de responsabilidad civil y ni siquiera han asegurado a todo riesgo el vehículo, "lo que supone una estafa a la Seguridad Social, a Hacienda y hace peligrar el salario de los que cumplimos con la legalidad". Además, se perjudica al bolsillo del usuario, ya que las tarifas están encarecidas. "Un taxista pirata cobra hasta 20 euros por trasladar al cliente del Polígono de San Pablo a San Jerónimo, cuando lo normal sería 8 euros", detalla Morales.
La sangría en el paro es una de las consecuencias más nefastas que provoca la economía sumergida. Esta destrucción es muy palpable en las empresas instaladoras, bastante afectadas por quienes realizan esta labor sin declarar. Epyme, asociación provincial que representa al sector, asegura que desde que comenzó la crisis 984 empresas sevillanas de instalación han cerrado, lo que ha supuesto el despido de 15.972 empleados. Un balance que hubiera sido menos dramático si los porcentajes de fraude fueran menores. No en vano, el 25% del dinero que mueve este sector es negro, según Epyme.
Otra actividad perjudicada por el fraude es la de los talleres mecánicos, donde la ilegalidad ha crecido hasta un 25% el último año, según datos de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme). El auge de estos negocios ilícitos ha provocado una caída de entre el 30% y el 35% del volumen de trabajo en el sector.
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